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Consecuencias de no pagar una derrama

24 SEPTIEMBRE |

Cuando hablamos de derramas nos refereimos a aquellos gastos imprevistos que no se incluyen en el presupuesto ordinario de la comunidad de propietarios.

Las derramas cubren aquellas obras de reparación necesarias en una comunidad, pero también las que supongan una mejora para el mantenimiento del inmueble. En este último caso existen límites económicos que no deben exceder (el coste de la derrama no debe ser superior a 3 mensualidades de los gastos ordinarios).

También incluyen aquellas obras dirigidas a suprimir las barreras arquitectónicas de la comunidad por haber personas discapacitadas o mayores de 70 años. En tal caso no es necesario un acuerdo previo, aunque el límite económico es igual a la suma de 12 mensualidades de gastos ordinarios (cuotas ordinarias de la comunidad).

Como ya comentamos en un artículo anterior, la derrama una vez aprobada por la junta de propietarios o comunidad de vecinos, obliga a pagar a todos los propietarios (estén o no de acuerdo), convirtiendo al propietario que se niegue a pagar en moroso.

Si hay un propietario que se niega a pagar...

Pero, ¿qué puede ocurrir cuando un vecino (propietario) se niega a pagar la parte de la derrama que le corresponde?

El propietario disidente está en su derecho de impugnar judicialmente el acuerdo, asumiendo con ello el coste económico que conlleva y todas las posibles consecuencias.

Por otro lado, el propietario moroso aunque puede participar, perderá su derecho a voto en cualquier cuestión que se plantée en la Junta de Propietarios.

Abordando la cuestión económica de la derrama, la consecuencia más directa para la comunidad será que para ver acabada la obra, el resto de vecinos deberán asumir la parte que falta. Por lo tanto les supondrá un incremento inmediato en la cuota a pagar por ese gasto extraordinario (que posteriormente podrá ser reclamado en juicio).

Mientras tanto la comunidad podrá iniciar estas acciones para reclamar el pago:

      1) Iniciar un requerimiento de pago sin necesidad de ir a un juzgado.

      2) Iniciar un proceso judicial, (que previamente habrá de ser aprobado en junta de propietarios), aportando para ello la documentación necesaria.

Por último y no menos importante, el propietario moroso tiene que ser consciente también de las posibles consecuencias derivadas del procedimiento judicial, que serían:

      1) posible embargo preventivo de los bienes necesarios para hacer frente a la cantidad requerida, más intereses y costas, donde se incluyen los bienes inmuebles (piso o local).

      2) también se le pueden reclamar los gastos del requerimiento previo de pago

 Todo esto viene regulado con carácter general por la Ley de Propiedad Horizontal, aunque puede haber Comunidades Autónomas que se rigan por una normativa más espécifica.




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